(Télam) La presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó el envío de un proyecto de ley para transparentar los servicios de inteligencia del país, que prevé disolver la SIDE. Los servicios “no sirvieron a los intereses del país”, agregó.  Lo confirmó esta tarde al hablar por cadena nacional, donde explicó que la SIDE será reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia, que contará con un director general y un subdirector, nombrados por el Poder Ejecutivo, pero que deberán contar con acuerdo del Senado.

En otra parte de su mensaje, Cristina aseguró que el gobierno que encabeza, desde 2003 con Néstor Kirchner al frente, tuvo “dos pilares e hitos”, que fueron “combatir el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional”, en relación a los atentados a la embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994.

Al hablar en cadena nacional, la mandataria sostuvo que “el compromiso de nuestros gobiernos ha sido siempre combatir la impunidad”.  En su discurso de casi una hora, la jefa de Estado apuntó que “se comenzó a trabajar sobre un proyecto de reforma para hacer todo transparente” y que la central estuviese al servicio “de los intereses nacionales”.

En este punto, Cristina mostró a las cámaras un “proyecto de ley que me acaban de entregar, y que lo giraré a la Secreta Legal y Técnica (de Carlos Zannini), para encuadrar esta nueva norma” y que es el “nuevo sistema de inteligencia, que va a ser remitido antes de mi viaje a China, el fin de semana, con un decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero”.

Aseguró que ello “era una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado gobernando desde 1983” y expresó que “también es necesario que la justicia comience a repensarse” ya que “hemos visto una calesita permanente que intervienen en expedientes judiciales, manejan jueces y que es necesario cortar de cuajo”.

En consecuencia, explicó que impulsa la creación de “la Agencia Federal de inteligencia, con un director y un subdirector” a cargo,”con acuerdo del Senado y que se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo”.

Argumentó la Presidenta que con ello “se cambian y se establecen paradigmas totalmente diferentes” y citó que el nuevo organismo tendrá “un marco jurídico en que desarrollará sus actividades de acuerdo a la Constitución nacional y a los tratados internacionales”.

Establece la nueva norma que se hará “inteligencia nacional” con “la reunión y análisis de información referida a hechos y conflictos que afecten la seguridad de la nación y sus habitantes” y citó la “prevención de amenazas internacionales, narcotráfico, tráfico de personas, ciberdelitos y delitos de orden económico y financiero”, como asimismo “fija un ámbito concreto frente a ataques externos”.

Aclaró que “las actvidades de inteligencia estarán limitadas a investigar delitos federales complejos o atentados al orden constitucional”.

“Esta es una reforma muy importante”, ponderó la jefa de Estado y añadió que “se establece que la agencia federal será el órgano superior encargado de estas tareas”.

Además, como punto relevante, anunció la “transferencia a la Procuración nacional de lo que es el sistema de observaciones judiciales, conocido con el nombre de Ojota, que es el sistema de escuchas que ordenan jueces y que hoy están en el ámbito del Ejecutivo”.

Cristina fundamentó esa transferencia en que “el ministerio público fiscal es el único ministerio extrapoder”, por lo que “de ahora en más deberán dirigirse al ministerio de la procuración fiscal”.

Apuntó que pidió que “este proyecto establece un plazo no prorrogable de 90 días para entrar en vigencia” y clasifica la información “en confidencial, secreta o pública según las distintas categorías”.

Por otra parte, Cristina también anunció que “se transfiere la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad” al nuevo organismo.

Diferenció que “también se crea una limitante, que establece que toda actuación entre la agencia y funcionarios de cualquiera de los poderes públicos vinculados a las actividades de la presente ley, solo podrán hacerlo con el director y subdirector” de la agencia.

El proyecto de ley prevé, detalló la jefa de Estado, “la creación de los bancos de protección de datos y archivos de inteligencia” y “se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes” a la vez que también “serán reprimidos funcionarios y empleados que tomen contacto con los servicios por fuera de los canales institucionales”.

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