(Radio GBA / Clarín) Sí, leyeron bien. Esta noticia triste y dolorosa la publicó hoy Clarín. Aunque la presentó como “objetiva”, la celebra: unos 50 militares y ex policías recibieron en estos meses del gobierno de Cambiemos la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado según consignaron al matutino oficialista del holding que lidera el ultraderechista Héctor Magnetto, entre otros, que advirtió este domingo un “cambio de doctrina” y un “movimiento” en los tribunales tras el fin del gobierno kirchnerista. Ahora, los jueces le tienen compasión por “viejitos” a los que torturaron, se apropiaron de bebés y mataron desde un estado de derecha represor, aunque se está instalando la idea de extender la edad jubilatoria.

En Mendoza hay un ejemplo reciente que, aunque no es militar, está acusado por complicidad y ejecución primaria de crímenes de lesa humanidad como parte de un engranaje entre la justicia federal y los represores: Otilio Roque Romano, quien fue beneficiado con la prisión domiciliaria por razones de salud. Sobre el exjuex y exprófugo de la justicia pesa acusación penal por 97 casos de lesa humanidad.

En la nota del matutino porteño se indica que la beneficiaria para represores no fue el único cambio tras el fin del gobierno kirchnerista, considerado por muchos de los ejecutores de la dictadura como “una pesadilla” -tal como resumió Jorge Rafael Videla a la revista española Cambio 16: “Nuestro peor momento llegó con los Kirchner”-. “En abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013”, consignó Clarín.

Romano -a quien se le endilga reponsabilidad penal en hechos que van desde omisión de investigar a privaciones ilegítimas de la libertad y allanamientos ilegales, además de estar acusado como responsable en la omisión de identidad de la nieta recuperada Celina Manrique– estaba detenido en el penal San Felipe.

Antes de ser sentado en el banquillo, Romano estuvo prófugo de la justicia en 2011, cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a suspenderlo por su participación en delitos de lesa humanidad, y fue recapturado previa negociación con autoridades chilenas, tras ser detectado en aquel país, incluso fotografiado mientras veraneaba.

La defensa del magistrado ya había intentado la prisión domiciliaria para Romano en 2015, pero la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el rechazo del arresto domiciliario, que fue revocado con esta nueva decisión del tribunal.

Según la estadísticas de la Unión de Promociones, de militares y marinos retirados agrupados en apoyo a sus camaradas presos, citados por el diario de Ernestina de Noble, “hay 2.140 militares y ex miembros de fuerzas policiales y de seguridad involucrados en juicios. 1.089 están procesados, 681 condenados, y 370 han muerto, a cifras actualizadas al miércoles pasado. Desde el 10 de diciembre los muertos fueron 28”

Según los datos de la Procuración General actualizados, Ha mayo de este año había 1070 detenidos y casi la mitad en prisión domiciliaria. Suman 687 los condenados y 856 los procesados. Con el Megajuicio de lesa humanidad contra ex jueces, policías y militares y el que segundo juicio por las mismas razones en San Rafael contra 26 imputados, Mendoza aporta a las 537 causas por crímenes de lesa humanidad activas en todo el país y 2.405 imputados en todas ellas, de los cuales 687 han sido condenados y 856 se encuentran procesados.

Hacer Comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.